La transparencia en la aplicación de políticas públicas comienza a ser un valor social relevante para la opinión pública? Según las últimas encuestas, la corrupción preocupa a la sociedad argentina; precedida, por supuesto, por la inseguridad individual y la marcha de la economía. El politólogo José Nun también plantea la enorme tarea que encierra la lucha contra la ilegalidad, y alerta, a su vez, sobre un posible "acostumbramiento a la corrupción". En definitiva, el ex secretario de Cultura del kirchnerismo critica la naturalidad con la que se toleran, muchas veces, tantos actos de corrupción individual y social.

La expresión "acostumbramiento a la corrupción" parece muy ilustrativa de lo que puede estar ocurriendo entre nosotros. ¿No nos habremos abrazado a la ilegalidad entendida como falta de respeto a las normas de transparencia en el manejo de los intereses públicos? A tal efecto me gustaría referirme a la denominada "ley de blanqueo". Aquella ley de emergencia económica de 2009 permitió la repatriación de activos a nuestro país otorgando amplios beneficios impositivos; entre ellos, la inmunidad fiscal para aquellos que "reciclaran" sus activos no declarados al fisco argentino. El GAFI, organización internacional antilavado, alertó sobre los efectos corrosivos que podría tener la deficiente implementación de aquella ley de blanqueo para la prevención y control de la corrupción pública y privada. En esta misma línea se manifestaron los partidos políticos de oposición a la ley. Pero luego de la puesta en vigor de la ley poco se sabe (y se dice) sobre los resultados y efectos de aquel polémico régimen impositivo de excepción.

El producto de aquella ley fue el blanqueo de 5800 millones de dólares que reingresaron a la economía formal y regulada de nuestro país durante 2009. ¡El monto recaudado fue un éxito! El dinero repatriado es semejante, por ejemplo, al PBI anual de Santa Fe o de Córdoba. Sin embargo, los controles fracasaron. Esto hay que decirlo. A la fecha no existe ninguna investigación tendiente a ratificar que el origen de los activos repatriados no sea producto, por ejemplo, del contrabando, el narcotráfico o la trata de personas.

Lo expuesto hasta aquí fundamenta la siguiente reflexión: ¿de qué sirve un plan impositivo exitoso si las instituciones del Estado no funcionan de manera eficaz para prevenir y reprimir el blanqueo de capitales producto de la corrupción, la droga o la defraudación? En definitiva, parece no haber mejor refugio para el crimen económico transnacional (y nacional) que los "paraísos legales" donde las instituciones del Estado y los organismos de control parecen estar todos presentes, pero sólo en forma aparente. Analizando esta premisa a la luz del principio costo/beneficio, el costo es de la sociedad en su conjunto, que se ve amenazada por el avance del crimen financiero y económico; mientras que el beneficio es de los corruptos, quienes gozarán de las bondades propias de un Estado que funciona en forma desarticulada e ineficaz en lo que hace a los controles de la corrupción, fraude y soborno.

Los resultados de la ley de blanqueo y la poca repercusión pública y debate sobre su ineficaz implementación práctica podrían ser una muestra más del "acostumbramiento a la corrupción". ¿Por qué debemos vivir con altos índices de ilegalidad e irresponsabilidad cívica? Están quienes planean y quienes cometen los actos de corrupción. Están quienes construyen su poder económico sobre la base de la criminalidad económica. Y están quienes toleran y se acostumbran a vivir en la ilegalidad, sin reacción social y con escasa voluntad política real y concreta de cambiar los paradigmas creados. Como expresó poco antes de fallecer Carlos Santiago Nino, en el título de su libro: Un país al margen de la ley . Así se refería el jurista a la anomia como componente del subdesarrollo argentino. Es hora de que la sociedad reaccione y de que las autoridades actúen en consecuencia.