Como se sabe, el fiscal de Casación Penal Javier de Luca desestimó de cuajo, días atrás, la denuncia del fallecido fiscal Nisman por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Su argumento es que la firma del Tratado bilateral con Irán no puede conformar un crimen, ya que se trata de un acto de soberanía luego refrendado por ley del Congreso a la "vista de todos". Concluye el dictamen: "Resulta absurdo desde el punto de vista jurídico sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal". Esto marcaría, al menos por ahora, el fin de esta historia.

Sin embargo, esta visión podría ser criticada desde el siguiente ángulo. Asumamos por un minuto que la firma del Tratado con Irán no podría configurar delito de encubrimiento agravado, ya que los funcionarios involucrados en la trama actuaron en ejercicio de sus facultades constitucionales. Pero, aun concediendo esa premisa, se podría decir que muchos tramos de la denuncia exhiben la presencia embrionaria de otros delitos nunca explorados hasta ahora. La prueba más relevante de la denuncia del fiscal Nisman son las más de 900 horas de escuchas telefónicas. En esos diálogos, se hace referencia a inversiones y movimientos sospechosos de altas sumas de dinero en efectivo en favor de agrupaciones sociales, o bien, a la "venta de influencias" en el contexto de posibles "aduanas paralelas" o "embajadas paraestatales" que funcionaron a espaldas de los canales regulares de Cancillería.

Las denuncias penales, como requisito sine qua non, sólo deben plantear una "noticia criminal" (en latín, noticia criminis). Y en este sentido, la denuncia originaria del fallecido fiscal Nisman (luego avalada por los fiscales federales Gerardo Pollicita y Germán Moldes) contiene elementos indiciarios graves que justificaban la investigación de gran parte de los hechos denunciados. Sin embargo, en términos estrictamente técnicos, esto último ahora no será posible, al menos por la vía iniciada por el fiscal Nisman. Es que la desestimación dictada por De Luca advierte que los efectos de su decisión podrían ser equiparables a la cosa juzgada, en el sentido de que "los mismos hechos denunciados, bajo los mismos presupuestos, no podrán ser investigados" en el futuro.

Pero al analizar detenidamente esta frase se puede arribar a la conclusión lógica de que una nueva y renovada denuncia penal podrá ser interpuesta con la condición de que exprese premisas y hechos distintos; se sustenten o no en las 900 horas de escuchas telefónicas. En otros términos, nada prohíbe a que en un mediano plazo las grabaciones oficiales, sumadas a renovados indicios e hipótesis delictivas, terminen abriendo el camino para una nueva y reencauzada investigación.

Opinar con el diario del lunes resulta mucho más fácil, dice el refrán. Pero este ejercicio intelectual resulta fundamental para comprender cuál podría haber sido el error estratégico implícito en la denuncia original. Hay quienes dicen, quizá con razón, que la imputación formal que recayó sobre la titular del Poder Ejecutivo y su ministro de Relaciones Exteriores resultó exagerada. Quizás, insisto, con el diario del lunes, esta crítica sea realista. Es que la prueba principal de la denuncia son las grabaciones de teléfono, que involucran de lleno a ciudadanos comunes que no ostentan el rol formal de funcionarios públicos; sin embargo, por sus diálogos, podrían haber mantenido lazos comunicantes y materiales con grupos fundamentalistas del Medio Oriente. Esta sola posibilidad justificaría la inmediata intervención de la Unidad Federal Antilavado (UIF), para una posible investigación posterior del delito de "financiamiento del terrorismo" previsto en el artículo 306 del Código Penal, que criminaliza la disposición de dinero con origen o destino ligado directa o indirectamente a grupos extremistas.

En palabras del titular de la UCR, Ernesto Sanz, el archivo de la denuncia "deja cabos sueltos, presunciones en el aire y un olor muy fuerte a falta de justicia".

Existen, como hemos visto, caminos procesales alternativos, basados en nuevas hipótesis delictivas, que nos dan la esperanza de que la impunidad no acabe imponiéndose, una vez más, por encima del anhelo generalizado de verdad y justicia.