Existe un amplio consenso en la sociedad respecto de la necesidad de agilizar, modernizar y efectivizar las instituciones del Estado que tienen a su cargo la investigación y condena de la corrupción, trata de blancas, prostitución infantil y venta de drogas y armas, entre otros crímenes aberrantes. No por nada las encuestas indican, por ejemplo, que más del 70% de la población cree en la investigación periodística de Jorge Lanata; pero, a su vez, esa misma mayoría desconfía de la capacidad de la Justicia para que los "amigos" del poder terminen condenados a prisión efectiva.

El avance de la delincuencia organizada y la corrupción traen aparejado que las investigaciones penales sean cada vez más dificultosas. Los grupos criminales tienen recursos técnicos, financieros y de lobby con capacidad para obstruir y perturbar la administración de Justicia; sobornan a funcionarios públicos y extorsionan a sus víctimas para que no pongan en aviso de sus crímenes a la autoridad policial y judicial.

Un ejemplo de las dificultades probatorias se ve reflejado en la "absolución" de diciembre pasado de los trece acusados por el asesinato de Marita Verón. ¡Más de seis años de investigación tirados por la borda! Susana Trimarco, madre de la víctima, dijo al respecto: "Sigo luchando por todas las chicas que testificaron en el juicio y quedaron a la deriva, sin custodia".

Una de las maneras más efectivas de enfrentar a la criminalidad organizada y de enorme poder económico es seguir la ruta del dinero. El fruto económico es el objetivo primordial de todo grupo criminal: "Si no hay dinero, no hay motivación para cometer el delito". Mientras más dinero se obtenga del crimen, más necesidad de crear estructuras criminales jerárquicas que se perfeccionen hacia hegemonías de poder más flexibles, profesionales e impunes.

Sobre esta hipótesis se acaba de movilizar la unidad antilavado nacional (UIF), junto a la recién conformada Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Con un despliegue masivo de oficiales de Gendarmería, policía aeroportuaria e inspectores de la UIF se allanaron financieras informales (las llamadas "cuevas") y casas de cambio, a través de las cuales se habrían fugado del país más de 55 millones de dólares derivados de la corrupción pública y privada. El juez federal a cargo de la investigación alegó que uno de los sospechosos de fuga de capitales y el lavado, Leonardo Fariña, moviliza activos que no se corresponden con sus ingresos declarados. Inconsistencias contables y sospechas en el manejo de bienes fueron pruebas clave para que se ordenaran los allanamientos.

Pero la construcción de un Estado fuerte y robusto resulta insuficiente, por sí sólo, para lograr una represión efectiva de la trata de personas, la corrupción y el lavado de dinero. Además de eficacia en la lucha contra el crimen y las mafias, se necesitan jueces valientes e independientes del poder de turno, que garanticen los garantías individuales del "juicio justo". Los sistemas legales que no reconozcan el delicado balance entre efectividad en la búsqueda de la verdad y el respeto idealista de la legalidad y el debido proceso no hacen más que menoscabar los derechos humanos sin necesariamente servir a las expectativas sociales de mayor seguridad y justicia.

Siguiendo la doctrina de los extremos de Aristóteles y Santo Tomás, se podría decir que la imparcialidad y honestidad de un juez al evaluar la prueba reunida es hallar el "justo medio" entre dos extremos, uno de los cuales peca por exceso mientras que el otro, por defecto.

El exceso ocurre, por ejemplo, cuando el juez se deja llevar por sentimientos personales o presiones de terceros poderes y procesa al sospechoso sin reunir la prueba necesaria para revertir la presunción de inocencia. Aquí se expresa la "soberbia" y el "capricho" del juez que procesa a quien podría ser inocente. A su vez, el que peca por defecto es el magistrado que se niega a condenar al acusado, sabiendo que cuenta con las pruebas suficientes para fundar tal acto procesal. Aquí se expresa la "cobardía" del juez que no condena a quien evidentemente es culpable. Entonces, el justo medio de moderación consiste en asumir la condición de juez neutral e independiente que "da a cada uno lo suyo: justicia"; ni más, ni menos.

Si la política es el arte de lo posible, la corrupción policial o institucional son el arte de lo imposible: no hay reacción contundente contra los grupos mafiosos que actúan en la clandestinidad sin equilibrio y transparencia de poderes. En otras palabras, el poder del Estado debe ser ágil y efectivo, pero con límites claros y democráticos para todos; incluso para los sometidos a un proceso penal.