La previa del Mundial, el caso Boudou, la inflación, inseguridad y demás yerbas no deben desplazar nuestra atención sobre otros temas de Estado. El secuestro y desaparición de Marita Verón, María Cash y muchas otras mujeres al año, debe hacernos reflexionar sobre el grave problema de la venta y alquiler de jóvenes con fines sexuales. Según estimaciones de las Naciones Unidas, se trafican anualmente entre 1 y 2 millones de personas, especialmente mujeres y niños. En el país no hay cifras oficiales. Además, se estima que el flagelo de la ‘esclavitud del siglo XXI’ genera ganancias superiores a los USD 32.000 millones anuales y se ubica entre las tres fuentes de ingresos principales de la delincuencia, seguido por el tráfico de drogas y armas.

El avance de este fenómeno trae aparejado que las investigaciones penales sean cada vez más dificultosas. Los grupos dedicados a la trata cuentan con recursos técnicos, financieros y de lobby con capacidad para perturbar la correcta administración de justicia. Sobornan a funcionarios públicos y extorsionan a sus víctimas para que no pongan en aviso de sus crímenes a la autoridad judicial. Un ejemplo claro de la impunidad con la que se desplazan los traficantes de personas, son las más de 35 denuncias penales impulsadas por la fundación La Alameda, sin que exista siquiera orden preventiva de clausura por parte de la Justicia sobre los burdeles clandestinos denunciados.

¿Cómo enfrentar al negocio de la prostitución ilegal de mujeres y niños, que cuenta con un enorme poder económico? Una manera efectiva es atacando su "talón de Aquiles": el fruto económico de sus crímenes. La acumulación de bienes es el objetivo primordial de toda banda criminal: "si no hay dinero, no hay incentivo para cometer delitos". Y mientras más capital se obtenga por la comercialización ilegal de sexo, más necesidad de crear estructuras criminales flexibles, profesionales e impunes.

Sobre esta hipótesis se acaba de movilizar el Congreso Nacional, donde se debaten al menos tres proyectos de ley presentados por los legisladores Gerardo Morales, Rubén Giustiniani (FA-Unen) y Rodolfo Urtubey (FpV) que regula la acción de "extinción de dominio" o decomiso civil a favor del Estado de los bienes incorporados al patrimonio de personas a través de la comisión del narcolavado, corrupción y trata de personas. La iniciativa está bien rumbeada, ya que busca el decomiso civil de bienes ligados a la criminalidad más experimentada mediante procesos sumarísimos, que tramitan por fuera de los burocráticos procesos penales. El fuero penal persigue el castigo individual, mientras que el decomiso civil pretende evitar que quienes se enriquecen por medios ilícitos puedan convertirse en modelos sociales.

Pero la aprobación de la ley de "decomiso exprés" no soluciona, per se, el grave problema del tráfico de mujeres de nuestro país. Resulta clave, por otro lado, el trabajo coordinado y efectivo del Ministerio de Seguridad, la unidad antilavado (UIF), la AFIP y la Procuraduría contra la Criminalidad Económica (Procelac). Estos cuatro organismos tienen funciones concretas en el "seguimiento y decomiso del dinero criminal".

Podría enumerar muchos ejemplos donde estos cuatro organismos actuaron en forma individual y mezquina, sin coordinación efectiva y conjunta entre sus miembros. Pero prefiero pensar a la inversa, en positivo, invocando así un único ejemplo donde estas fuerzas se movilizaron en forma organizada, logrando resultados concretos contra la trata de personas y la droga. Me refiero al paradigmático caso del clan Ale. La provincia de Tucumán despertó hace unos meses con un despliegue masivo de 300 gendarmes y 30 inspectores de la UIF y la AFIP que allanaron 15 empresas pertenecientes a la familia Ale. La fundación de Susana Trimarco –madre de Marita Verón- los denunció por sus fuertes lazos con la política, la trata, el fútbol y los negocios turbios de la droga. Inconsistencias contables y manejo de activos que no se corresponden con sus ingresos declarados, fueron las pruebas claves del proceso penal.

Hay que apostar a la investigación patrimonial e inteligente de los delitos complejos. Hay que apostar, además, al arribo a buen puerto de muchos otros casos como el impulsado por la fundación liderada por Susana Trimarco. Hay que apostar, en definitiva, a que los índices de inseguridad y violencia disminuyan a cifras lógicas y compatibles con la añorada "paz social".