La Casa Rosada muestra preocupación por la fuerte caída del empleo y la inversión en la construcción. A mediados del año pasado, la Presidenta lanzó un plan de blanqueo de dólares blue con beneficios impositivos para quienes inviertan en ese sector inmobiliario a través de Certificados de Depósito de Inversión (Cedin). Presionado por la crisis del sector, el Gobierno acaba de relanzar el plan fiscal de blanqueo, que se apresta a cumplir un año de vigencia. Según la visión de los expertos financieros, el régimen de reinversión no cumplió con las expectativas: se esperaba una inversión superior a los 6000 millones de dólares, pero a la fecha sólo ingresaron a la economía real cerca de 900 millones.

Sin embargo, el éxito de esta clase de regímenes fiscales no debería medirse, nunca, al compás de los números fríos de la inversión económica. Lo dice la historia financiera reciente: los planes exitosos -implementados por países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia o hasta México y Brasil- están basados en reglas claras y transparentes para el ahorrista que desea sumarse al "juego del reciclado", donde el Estado reactiva mercados a cambio de la amnistía general de los evasores. Pero ¿cómo lograr este ecuánime incentivo entre ambas partes del contrato? Sencillo: dando seguridad al ahorrista de dólares blue de que no será confundido ni investigado como si se tratara de un criminal dedicado al lavado de dinero del narcotráfico o la trata de armas o personas, o demás pestes del siglo XXI.

En esa línea, el grupo internacional antilavado (GAFI) dictó recomendaciones a los países tendientes a estructurar planes de blanqueo que se ajustan a las buenas prácticas. Estas recomendaciones están basadas en la necesidad imperiosa del Estado de "conocer el origen del dinero no declarado".

Precisamente aquí parece encontrarse la razón del fracaso: el artículo 6º de la ley de blanqueo vigente en el país impide a la AFIP indagar sobre el origen del dinero blue. Se pensó, indudablemente, que la apertura amplia de tranqueras alentaría a todos -criminales y ahorristas- a sacar de la clandestinidad sus dólares para introducirlos en el circuito legal. Pero sucede lo contrario; el programa no rindió lo esperado debido a que, en palabras del vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Armando Pepe, "ni siquiera los narcos confiaron en los Cedin".

Pero, lamentablemente para el país, el pronóstico del señor Pepe no es del todo correcto. Hay indicios claros que demuestran la compra de Cedin por parte de grupos narcos. Un ejemplo ilustrativo es, sin duda, la conversación telefónica entre dos personas hoy procesadas por narcolavado a gran escala, que transcribimos aquí en forma literal y que consta en expedientes que obran en un juzgado penal de Lomas de Zamora:

"-Che, Antonio, ¿viste el tema del blanqueo?

"-Sí, increíble, ¿no?

"-Sí. Qué loco ¿no?

"-Sí.

"-Después hablemos, porque si va a salir eso, tenemos que hacer algo, tenemos que tener un buen producto. Necesitamos tener alguna mercadería si esto funciona bien, ¿entendés?

"-Yo sé que esto va a funcionar. ¡Cómo no va a funcionar si necesitan blanquear la plata de ellos!"

Pero esto no es todo. Investigaciones penales que hoy se instruyen en el fuero federal indican que grupos mafiosos de origen colombiano, mexicano y bonaerense reciclaron su dinero impunemente como consecuencia del primer plan de blanqueo de 2009, dictado por este mismo gobierno. Son los casos del clan Meyendorff, grupo financista del cartel del Norte del Valle de Colombia, que blanqueó 1.262.000 dólares procedentes de la droga y destinados a la compra de tres inmuebles de lujo en la zona de Puerto Madero.

Resulta paradójica, en este contexto, la reciente convocatoria en el Luna Park bajo el lema de "Patria o buitres". ¿Por qué no reemplazar ese eslogan por el de "Patria o corrupción" o bien "Patria o narcotráfico"? Y, a su vez, por qué no asumir de una vez que la famosa frase electoral de los años 90 "es la economía, estúpido" podría traducirse hoy en un simple y temerario: "Es la delincuencia organizada, estúpido".